Evo Morales y el pueblo boliviano

Evo Morales y el pueblo boliviano
cumplen 16 meses de llegada al poder

por Fernando Valdivia
Director de la Fundación Che Guevara
Jefe de Redacción del Semanario Plumazo

Bolivia anocheció el 18 de diciembre de 2005 con sabor a pueblo. Después de veinte años de gobiernos democráticos que siguieron con alguno que otro matiz las recetas desarrollistas del Banco Mundial y del Fondo Monetario Internacional, había un proyecto diferente.
Y es que la victoria en las urnas del Movimiento al Socialismo (MAS) abría, de manera inesperada, un nuevo ciclo histórico. Inesperada, porque a pesar de la seguridad de la victoria electoral, el único que se animó a pronosticar un triunfo por encima del 50% fue el propio Evo Morales. Ese porcentaje lo colocaba de manera automática a la cabeza de un nuevo gobierno, sin necesidad de negociar con otras fuerzas. En suma, se conquistaba el poder político para iniciar el cambio.
Desde entonces, los meses subsiguientes han sido de continua emergencia. Dos fueron las promesas electorales principales que movieron la voluntad popular: la instauración de una Asamblea Constituyente (AC) y la necesidad de revertir al dominio del Estado los hidrocarburos en manos de las empresas transnacionales.

Asamblea Constituyente, pese a todo

En el primer caso, el pacto político que consolidó esta conquista tuvo un alto costo para el movimiento popular. La CPE (Constitución Política del Estado) y las leyes nacionales señalan que tal posibilidad debe ser considerada y aprobada en un periodo legislativo para su ejecución en uno próximo. De esa manera, si el MAS no aceptaba los términos de la convocatoria a la AC (Asamblea Constituyente), podía esperar a redactarla en el actual periodo legislativo, pero a condición de ser puesta en práctica pasado el actual periodo de gobierno. Y Evo se las jugó, aceptando incluso los términos de una convocatoria que, por más que repitiera el aplastante triunfo electoral del 2005, no le permitía contar con la mayoría de dos tercios en la AC.
Esa trampa ha sido repetidamente utilizada por una derecha acorralada que ve con desesperación cómo, a través de los propios mecanismos democráticos que le sirvieron de pretexto para enajenar las riquezas naturales y achicar el Estado, la movilización popular empieza a hacer caminar su propio proyecto. En agosto próximo, el país recibirá formalmente una propuesta de nueva CPE, pero lo más probable es que sean dos proyectos distintos, habida cuenta de la imposibilidad de constituir los dos tercios tramposos. Evo ha propuesto, en ese marco, que sea un referéndum popular quien defina, en última instancia, que país se quiere.
Pero, además, ha ido más allá. Respondió a la andanada mediática de la derecha, que afirma que cada día está más desgastado y que su popularidad desciende ostensiblemente. Recogió el guante magistralmente contestándoles: ya que tan mal me va, hagamos elecciones generales el próximo año (2008) y así tienen la oportunidad de deshacerse de Evo. Ello ha entrampado a la oposición, que debe mostrar coherencia con su propio discurso; y cualquiera sea su definición en torno al desafío, queda en entredicho y pierde credibilidad.

La Nacionalización en marcha

En el otro ámbito, la recuperación de las riquezas naturales ha arrancado el 1º de mayo de 2006, con una sui géneris nacionalización que ha devuelto al Estado el control de los hidrocarburos, por un lado; y abierto las posibilidades para reconstituir en breve plazo a la otrora poderosa Corporación Minera de Bolivia (COMIBOL).
En el primer caso, la nacionalización ha avanzado, pese a tropiezos institucionales, y consolida paulatinamente ese control estatal. El último hito en ese caminar ha sido la recompra de las refinerías más importantes del país, que estaban en manos de Petrobras. La oposición cifró sus esperanzas en un resquebrajamiento de las relaciones con el Presidente Lula, pero finalmente las negociaciones han arribado a buen puerto y la sangre no llegó al río.
Con las refinerías en manos del Estado, los ingresos del país aumentarán significativamente. Ya, de hecho, la nacionalización ha permitido que los ingresos de 300 millones al 2005, se conviertan en 1.600 millones en la actual gestión. En suma, la nacionalización desenmascaró las permanentes mentiras que amenazaron al gobierno de Evo: no se fueron las inversiones, se obtiene más ingresos y la economía muestra una saludable estabilidad y crecimiento. Por el contrario, parte de esos ingresos convertidos en el bono Juancito Pinto, llegan a bolsillos de los padres de familia de niños en edad escolar.
En el caso de los minerales, la nacionalización de la empresa de fundición de Vinto y el contrato de licitación de los yacimientos de hierro del Mutún, considerados entre las reservas más importantes del mundo, son los pasos que han seguido a una audaz decisión de incorporar masivamente a trabajadores mineros en Huanuni, un centro minero que fuera sucesivamente entregado a empresas transnacionales que prometieron sin cumplir inversiones para el crecimiento de la actividad extractiva.
Con precios y demanda en continua alza, la actividad minera tiene un prometedor futuro en el corto y mediano plazo.

Desafíos por delante

Con base en estas medidas, Evo Morales ha enfrentado hasta ahora de manera exitosa las maniobras desestabilizadoras de la oposición de derecha. Ha desechado en la población el temor a que un gobierno popular podría ser sinónimo de inseguridad jurídica, avasallamiento de la propiedad privada, fuga de capitales, falta de inversiones, disminución de ingresos y decrecimiento del empleo. Por el contrario, todos esos supuestos, generosamente propalados por una red de medios en manos de la oposición, han sido desmentidos por la realidad.
Pese a ello, el resurgimiento de Bolivia no acaba. A la definición que vendrá en torno al nuevo texto de la CPE, habrá que añadirle otros frentes de lucha. Pero, si todo marcha como hasta ahora, el proceso no sólo será irreversible, sino que se fortalecerá de manera decisoria.
Ha impulsado también, aunque de manera tímida, un relanzamiento del proceso agrario, con la intención de devolverle el espíritu con que fueron promulgadas las medidas legales y evitar que grupos de poder las manipulen para mantener privilegios y exclusiones.
Para continuar avanzando, sin duda, requerirá afinar aún más el instrumento político. Una buena señal ha sido el congreso departamental del MAS en Santa Cruz, departamento donde el enfrentamiento con la derecha alcanza su punto álgido. Allí ha sido votada una clara línea hacia el socialismo, apuntalando el viejo anhelo bolivariano de la Patria Grande con la propuesta de estrechar aun más los lazos de integración con Cuba y Venezuela y; finalmente, ratificando expresamente una línea antiimperialista. Una camada de nuevos dirigentes promete erradicar prácticas prebendarias que han sido denunciadas por el propio Presidente de la República.
Si este ejemplo cunde a nivel nacional, Evo Morales habrá complementado al proyecto histórico un elemento vital: una organización revolucionaria que sea el efectivo Instrumento Político por la Soberanía de los Pueblos, tal como lo sueñan las diversas organizaciones y movimientos sociales que le sirven de sustento.

La seguridad privada, entre lo dicho y lo hecho

La situación de los trabajadores de la industria de la seguridad privada en Paraguay es algo casi desconocido para la gran mayoría de nosotros y, en muchos casos, nuestra visión sobre la misma está guiada por prejuicios tales como “los guardias de seguridad privada son como los policías, pero mejor pagados”.

Ante estas opiniones y a partir de un trabajo de investigación realizado este año sobre la situación de la industria de la seguridad privada en nuestro país hemos tenido acceso a informaciones que refutan los prejuicios y nos demuestran, una vez más, que no todo es lo que parece.

En Paraguay existen alrededor de 115 empresas registradas que trabajan en este sector y aglutinan a unos 16.000 trabajadores aproximadamente, además de las empresas que desempeñan su labor de manera clandestina y de las cuales no se tiene registro en el Ministerio de Justicia y Trabajo, por obvias razones.

Debido a la inexistencia de una ley que regule el funcionamiento de estas empresas, y aunque está en proceso de estudio un proyecto de ley en la Cámara de Diputados, la regulación de las mismas está a cargo de la División de Fiscalización de Empresas de Seguridad Privada dependiente de la Policía Nacional. Así también, la normativa laboral aplicada a los trabajadores de este sector, es aquella prevista por el Código Laboral. Pero como dicen por ahí, “del dicho al hecho, hay mucho trecho”.

La situación real de los trabajadores de este sector está muy lejos de los marcos legales. La jornada laboral, diurna y nocturna, casi siempre, es de 12 horas sin derecho al descanso y sin el pago de las 4 horas extras, ya que las primeras 8 horas corresponden a lo que dicta la ley. Los salarios no llegan al mínimo legal (1.219.795 Gs.) sino que rondan los 900.000 Gs., de los cuales se les descuenta una buena cantidad por motivos como tomar tereré en horario de trabajo, conversar con alguien en el puesto de trabajo y cosas por el estilo. De esta manera, los trabajadores reciben a fin de mes mucho menos.

Las condiciones en los lugares de trabajo son, a excepción de aquellos guardias que trabajan para bancos, cooperativas, financieras y ese tipo de empresas, muy precarias: no tienen sillas donde sentarse y pasan las 12 horas (de día o de noche) parados; no cuentan con una caseta donde resguardarse de la lluvia o del sol radiante; no tienen acceso a baño y deben hacer sus necesidades detrás de un árbol cuando ya es insoportable la situación; no acceden a agua para beber; muchas veces están las 12 horas sin alimentarse porque la empresa no les envía un relevo o algo para comer. En fin, ni la empresa de seguridad privada, ni el cliente que los contrata muestra algún tipo de preocupación.

En cuanto a la sindicalización en estas empresas, por el hecho que sus dueños son, generalmente, ex policías, ex militares y políticos de los partidos del orden, además de las multinacionales, existe un rechazo a la formación de sindicatos y el manejo de las mismas está marcado por relaciones militaristas al punto tal que los trabajadores son humillados con los conocidos “descuereos” en el local de la empresa.
Muchos trabajadores que están en el sindicato son trasladados a los peores puestos de trabajo, son relevados de sus puestos sin motivos, como es el caso de Mario Acosta, Srio. Gral. Adjunto del Sindicato de Trabajadores de la Empresa Wackenhut, que desde el pasado 10 de mayo está en esa situación sin percibir su salario y por lo cual se ha convocado dos veces a una reunión tripartita (Sindicato, Empresa y MJT) donde la empresa no se ha hecho presente. Además, se les niega el permiso sindical y en muchos casos llegan al punto de despedir a los trabajadores que intentan organizar el sindicato.

Debido a esta situación, hoy en día se cuenta solamente con 3 sindicatos en el sector de la seguridad privada.

La explotación de los trabajadores en este sector llega a tal punto que el pasado 6 de mayo, Rubén Giménez León, de 25 años, guardia de seguridad de la empresa Doram se quitó la vida cansado de los maltratos y la falta de pago por parte de la empresa.
Ante la explotación del capital, no se vislumbra otra salida que la organización de los trabajadores, quienes en el sector de la seguridad privada, a pesar de las persecuciones y represalias que sufren todos los días, mantienen la firme decisión de buscar juntos una vida digna.

Esso contra la estabilidad laboral

La estabilidad especial, que garantiza el Art. 94 del Código Laboral al trabajador/a que cumple diez años ininterrumpidos de servicio con un mismo empleador, corre grave peligro de ser eliminada.

La multinacional petrolera Exxon Mobil, Esso Standard del Paraguay, promovió un juicio por despido justificado en julio del 2001 contra el Ing. Eduardo Buongermini quién contaba con más de 10 años de antigüedad en la empresa.

El trabajador ganó el juicio en primera instancia y también la apelación. Tras estas dos instancias, la Esso presentó un recurso de inconstitucionalidad que volvió a perder. La petrolera continuó entonces con la estrategia de desgaste contra Buongermini, iniciando un juicio para impedir su reposición en el cargo utilizando el Art. 97 del Código Laboral, con lo cual debían probar en juicio que existía alguna incompatibilidad entre la Esso y Buongermini.

La Esso volvió a perder la primera instancia y la apelación; 5 jueces y 3 ministros de la Corte Suprema habían sentenciado de manera unánime a favor de los derechos del trabajador cumpliendo el Código Laboral; pero la multinacional que obtuvo más ganancias a nivel mundial en el 2005 no se iba a dejar vencer y encontró sus aliados perfectos en los ministros de la “renovada” Corte: Altamirano, Fretes y Núñez. Estos paladines de la “seguridad jurídica”, conformaron la Sala Constitucional que juzgó la acción presentada por la Esso buscando una vez más una sentencia a la medida.

Y como por arte de magia la Esso consiguió su tan soñada sentencia… Altamirano preopinó de forma alevosa que la incompatibilidad no necesita ser probada en juicio, y que tan sólo era necesario que una de las partes la planteara para terminar la relación laboral. Fretes y Nuñez se adhirieron a ese mamotreto y con esto la Esso, las cámaras empresariales y sus cabilderos, que no habían conseguido eliminar la estabilidad laboral en el Congreso, lo conseguían ahora en la Corte Suprema de Injusticia. Cabe destacar que el fiscal que analizó esta última acción de inconstitucionalidad dictaminó que el pedido debía ser rechazado por improcedente y que además recomendó sancionar a la Esso por “ejercicio abusivo del derecho”.

La Coordinadora de Centrales Sindicales juntamente con la Federación de Trabajadores Bancarios (FETRABAN) y el Sindicato de Periodistas del Paraguay (SPP) se adhirieron entonces a la denuncia presentada por Buongermini contra el estado paraguayo ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. A partir de esa primera acción impulsaron luego la presentación del pedido de juicio político contra Altamirano, Fretes y Nuñez en la Cámara de Diputados.

Tras lograr que el juicio político sea presentado por diputados de la oposición, las organizaciones sindicales conformaron la Coordinadora por la Estabilidad Laboral a la que se sumaron la Federación de Trabajadores del Sector de la Energía del Paraguay (FETRASEP), el Sindicato de Obreros Marítimos, el P-MAS y otras organizaciones sociales. La Coordinadora realizó una protesta contra los Ministros de la Corte el 9 de febrero, frente al Palacio de Justicia. El 13 de abril pasado hicieron un escrache contra Altamirano en su domicilio y el 24 de abril una protesta y pintata frente a la Central de la Esso.

Con un plan de lucha, la Coordinadora busca organizar a los trabajadores y al mismo tiempo denunciar ante la opinión pública la descarada complicidad de la Corte con multinacionales y empresarios nacionales quienes echan mano de todo tipo de recursos para precarizar aún más las condiciones laborales de los trabajadores/as paraguayos/as. La sentencia puede ser revertida en la nueva instancia laboral que la está juzgando, de allí la importancia de llevar adelante acciones coordinadas como las ya realizadas.

El P-MAS se suma a la lucha de los trabajadores por la defensa de sus derechos que constantemente son pisoteados por las patronales y sus capataces de turno.

Ilusiones y realidades en torno a Lugo

Una mirada desde los movimientos populares


Los tres meses que van desde la aparición y actuación formal de Fernando Lugo (25 de diciembre de 2006) hasta hoy en el escenario político, es un tiempo suficiente que nos permite arriesgar las líneas políticas generales que seguirá el ex monseñor a partir de un análisis de sus discursos y sus actos. Intentaremos marcar tendencias que el incipiente proyecto político de Lugo puede seguir sin descartar variables imprevistas. También buscaremos caracterizar con más precisión al "fenómeno" Lugo con sus potenciales alcances. Van los siguientes puntos:

Ilusiones
Lugo es un candidato de izquierdas. El mismo Lugo ya se encargó de matar con actos y palabras esta esperanza bien cristiana. Su afirmación de que no importan las ideologías. Su posicionamiento político en el "centro extremo" hablando y actuando con partidos de derecha e izquierda, con empresarios y trabajadores, con ricos y pobres. Su posicionamiento firme y crítico sólo sobre temas de consenso nacional como las represas hidroeléctricas, la corrupción y las acciones del gobierno. Estos puntos son pruebas de que no tomará posición sobre temas conflictivos de clase ni cuestionará a los grupos de poder. Su estrategia es estar por encima de los conflictos sociales y políticos generados por la lucha de clases y acordar con los grupos de poder. En otras palabras, Lugo quiere ser el gran árbitro de lo que podría ser la transición post-colorada aludiendo a los problemas en forma muy general y sin nombrar demasiado a los responsables, salvo, de ves en cuando, a sus adversarios electorales más peligrosos.

Lugo expresará las viejas reivindicaciones de los sectores populares a los grupos de poder oligárquico e imperiales. Cuando pronunció su primer discurso formal aquel 25 de diciembre pasado, en la ciudad de Encarnación, mezclando a ricos y pobres, trabajadores y empresarios, sojeros y campesinos en una misma bolsa, Lugo marcó su estrategia, y no su táctica, discursiva. Su formación en la ideología jerárquica cristiana; su aparente compresión de que el ser colectivo de este país elude históricamente conflictos políticos abiertos con el poder; la conducta política pragmática que asume apasionadamente. Todos estos elementos le condicionan a no expresar intereses concretos de clase, ni siquiera populistas. En términos marxistas, Lugo desarrolla discursos y actos bonapartistas, en el sentido de que se presenta como el gran arbitro, el que cobija a toda la sociedad sin distinción de clases, para resolver la crisis política, económica y social de un modelo (el del Estado Oligárquico Colorado) cuyo certificado de defunción parecería estar firmado. Entonces viene el salvador para salvar la situación. Aunque esto no se ajusta totalmente a Lugo ni a nuestra realidad, ya que el ex Monseñor pareciera tender más hacia la justicia social que hacia el orden reaccionario.

Lugo aspira como estrategia a un proyecto político más allá del 2008. Todos sus actos y discursos corroboran hasta hoy que su objetivo estratégico es llegar a la Presidencia de la República en el 2008, y a partir de este objetivo alcanzado imaginar otros escenarios y objetivos. Lugo sí estaría aspirando hoy a ser la bisagra de la puerta que abra un escenario post-colorado. Su misión sería hacerle el favor a este país derrotando electoralmente al Partido Colorado, más precisamente a la cúpula de este partido: el enemigo común de los partidos derecha, de izquierdas y de las clases medias y populares. No es su objetivo hoy construir un proyecto político mayor con los movimientos sociales y las mayorías excluidas de clase, puesto que pone toda su carne al asador electoral, y no a un proyecto más de largo plazo.

Lugo es un político diferente con una ética y una coherencia política. El ex monseñor es un político pragmático y demagógico que para alcanzar su objetivo electoral se alía con santos y demonios: Un político que encubre históricos conflictos políticos de clase. Para Lugo hoy el fin justifica los medios, distanciándose así de la moral cristiana y reconociendo que las relaciones de poder no pueden encerrarse en una moral de buenos y malos (su último pragmatismo es su coqueteo discursivo con Oviedo) Esto le condiciona a no seguir una ética política que se base en el compromiso con las organizaciones políticas de las mayorías sociales de clase para debilitar las estructuras de poder vigentes. Su única ética podría ser el compromiso con el pueblo (y aquí Lugo nos mete a todos) de derrotar al partido que viene administrando los intereses de la oligarquía nacional y de los imperios durante más de 60 años.

Lugo será el candidato de la Concertación Nacional conformado por los partidos de derechas. Los hechos y actos de Lugo parecen demostrar que en realidad no quiere ser el candidato de la Concertación. Mejor dicho, quiere imponer todas sus condiciones a los partidos de la Concertación para compartir con ellos un proyecto posible de gobierno en el 2008 porque sabe que de no ser así será, si es electo, un presidente prisionero, un fantoche de los demás partidos de la Concertación. Pero como las dirigencias de los demás partidos son tontos pero no tanto, sería muy difícil que se entreguen a Lugo sin condiciones. Lo que Lugo busca es quebrar la Concertación (más específicamente quebrar al PLRA y a Patria Querida), construir otro polo de convergencia incluyendo a organizaciones sociales e imponiendo sus propias reglas que sólo a él y a su proyecto les convienen.

Realidades
Lugo es un hábil y carismático líder político. El juego distractivo que desarrolla con los partidos de la Concertación atacando a su cúpulas pero acercándose a sus bases; firmando documentos sin comprometerse a nada; manteniendo la atención de los medios con su política comunicativa de la incógnita y la incertidumbre para ser El protagonista político mediático del país en los últimos seis meses; estableciendo comunicación directa y pedagógica con la gente; midiendo cada una de sus palabras. Todas estas actitudes son claras señales de que el ex Monseñor estaba perdiendo su tiempo en la Iglesia Católica y que aprende más rápido que Satanás la dinámica a-moral de la política (con lo cual no afirmo que la política no deba tener ética, que es otra cosa). Estamos entonces ante una paraguayo que conoce a la gente de este lugar del mundo, que usa cuanto menos medianamente su inteligencia y que esta completamente convencido de lo que hace.

Lugo puede ser un peligro real para los movimientos sociales y populares. Si las dirigencias de los movimientos sociales y populares y los partidos de izquierdas que quieren ser su expresión no son lúcidas, el ex Monseñor puede vaciar las organizaciones del movimiento social y popular con su estrategia de ganar las elecciones. Si las dirigencias del Bloque Social y Popular, de Tekojoja y Alianza Patriótica Socialista no miran a las elecciones próximas como un medio, como una táctica, más que como una estrategia, se puede caer en un vacuo y desgastante electoralismo. Si la estrategia de las dirigencias del movimiento social y popular no es la de acumular fuerza utilizando este clima electoral y la figura de Lugo, instalando acuciantes problemas políticos y sociales de clase en esta coyuntura, movilizándose por las reivindicaciones cotidianas de la gente, sino es así, entonces el movimiento podría ser víctima del pragmatismo y del eclecticismo de Lugo, vaciándose de su contenido político de clase, con aspiraciones a un proyecto político mayor antioligárquico y antiimperialista que debe ir mucho más allá del 2008. En síntesis, si Lugo marca la estrategia y el camino al movimiento social, es un peligro real. Si el movimiento marca su propia estrategia, sus límites en su próxima participación electoral y su propio discurso político, entonces Lugo puede ser útil y necesario.

El movimiento social y popular necesita tener representantes dentro del Estado. Si bien la política significa sobre todo organización y lucha de la gente en sus relaciones sociales cotidianas, el movimiento social paraguayo necesita hoy ganar cargos en los espacios del poder estatal para desde este espacio apuntalar la construcción de otro tipo de poder, de otro tipo de organización política y de Estado en el país. Puesto que el poder del Estado (mejor de los grupos de poder) es real y concreto e incide significativamente en la vida y el destino de la gente, las elecciones a través de las cuales se puede ingresar a él se convierten en un frente más de lucha y no en El Frente. Negar este frente es negar una parte de la realidad. Sería muy útil vivir una experiencia política dentro del Estado. De ganar esos espacios, el gran desafío es qué y cómo sus representantes dentro del Estado apuntalarán las luchas de poder cotidianas de sus mandantes, y sobre todo qué estructuras sostendrán rigurosamente estas representaciones para que no terminen desvirtuándose. Y Lugo puede ser útil para este objetivo, es decir hasta las elecciones, y sólo hasta las elecciones de 2008.

Puerto Casado y la lucha por la tierra propia

La historia de este pueblo tan marginado por las autoridades nacionales, allá en los confines del país donde nuestros progenitores han dado sus vidas para defender la soberanía de nuestros pueblos, comenzó hace más de 100 años.

Puerto Casado es un pueblo fundado en épocas de colonia, llamado primero Ángeles Custodios, y al que luego se le impuso el nombre de Puerto Casado debido al nombre del comprador de esas tierras, adquiridas a través de las leyes 1883 y 1885. Gracias a estas leyes, terminada la Guerra del 70, el empresario argentino Carlos Casado adquirió más de cinco millones y medio de hectáreas, lo cual constituye el 23% del Chaco paraguayo y el 14% del territorio nacional para la industria taninera.

La compra además fue ilegal, dado que según el Decreto Reglamentario de la Ley de Venta de Tierras Públicas (promulgado por el entonces Presidente de la Republica, Bernardino Caballero), la extensión máxima que podía transferirse a una persona era de 220 leguas cuadradas, mientras que Casado adquirió 3.000.

En aquel entonces, entre los años 1890 y 1930, se deforestaron los bosques de quebracho y se explotó el tanino para luego (a partir de la década del ‘30) sustituirlo por otros productos de uso industrial. Una vez sustituido el tanino, este pueblo, como tantos otros de las orillas del río Paraguay, quedó olvidado y en manos ajenas.

Según el Padre Zíslao Ksiasek, párroco de la zona, a mediados de los 90’s parte del latifundio se ofertaba en la Bolsa de Valores de Buenos Aires y a mediados del año 2.000 la Secta Moon compró 600 mil hectáreas incluyendo el Municipio de Puerto Casado, con unas 8.000 personas, entre ellas paraguayos latinos y la comunidad indígena mascoi. Antes de eso la empresa de Carlos Casados le donó al municipio del pueblo 260 hectáreas.

La industria Carlos Casado funcionó casi 100 años, decayendo paulatinamente en su producción a partir de la década de los `80. Y en el año 1997 fue cancelada toda actividad productiva con el propósito de reorientar su inversión a través de la agricultura y la cría de pescado. La sorpresa llegó cuando en octubre del año 2.000 se presentaron representantes de la empresa Carlos Casado conjuntamente con representantes de Victoria S.A. (perteneciente a la Secta Moon) informando a la población que a partir de la fecha ya no dependían más de Carlos Casado sino que de la nueva empresa, afirmó el Padre Ksiasek.

Según Ramón Maldonado, poblador de la zona, los casadeños en épocas de la industria Carlos Casado tenían trabajo en la empresa, pero con el tiempo, poco a poco fue obstaculizándose el acceso a los recursos (las tierras, maderas, incluso el agua) para todos los pobladores. Cuando la Secta Moon compró todas las tierras, los suministros que estas proveían a la población fueron restringidos y los habitantes fueron condicionados a vivir sólo un año más en sus territorios, comentó Maldonado.

De esta manera, contó también Maldonado, la empresa Victoria S.A. viene acorralando a los pobladores de Casado desde hace tiempo, cerrando ríos, caminos y restringiendo el acceso a los montes de donde la gente saca leña para su uso diario, comienza a alambrar e impide el acceso a su territorio.

Victoria S.A. y las inversiones

Sobre lo que muchos políticos y sectores empresariales del país argumentan, sosteniendo que todo intento de expropiación a Victoria S.A. conseguiría únicamente ahuyentar a esta empresa y sus inversiones en el país, el Padre Zíslao Ksiasek comentó que la empresa coreana no posee ninguna clase de proyectos, “basta visitar la población de Puerto Casado para comprobarlo”, dijo. Recién a partir de que se promulgó la ley de expropiación, los empresarios se sintieron amenazados y empezaron a plantar algunas hectáreas de eucalipto y mandar a limpiar los alrededores para justificar que dan trabajo, a parte de construir un imponente templo de la secta, por supuesto.

Por otra parte, la empresa fue disminuyendo la cantidad de personales, a la par que aumentaron la cantidad de horas trabajadas de 8 a 12 horas a los pocos trabajadores que quedaron. Y para continuar con sus ahorros a costa del bolsillo de los trabajadores, redujo también los salarios a apenas 600.000 guaraníes, pagándolos en forma fraccionada, tal como comentó Ramón Maldonado.

La lucha por la tierra

A partir de la compra de las tierras por parte de la Victoria S.A. comienza la lucha por la tierra propia por parte de los casadeños, formándose una comisión multisectorial pro-tierra que va tomando fuerza con el transcurrir de los tiempos. Esta comisión tiene la reivindicación de la expropiación de una parte de las tierras que poseen en ese lugar la empresa coreana.

En principio, los casadeños pidieron 152 mil hectáreas, pero a partir de la presentación del proyecto de ley que planteaba la expropiación de 52.000 hectáreas, presentado en junio de 2005 por el senador José Morínigo (Partido País Solidario), sólo reclaman esta cantidad. El proyecto fue aprobado en agosto del mismo año por la cámara de Senadores y el 22 de septiembre por la cámara de Diputados. Cuatro días después fue promulgado por el Poder Ejecutivo.

El 24 de marzo de 2006 la Secta Moon presentó ante la Corte Suprema de Justicia una acción de inconstitucionalidad contra dicha ley.

Según comentó Ramón Maldonado, la empresa coreana pretende donarles tierras ubicadas en una zona de frecuentes inundaciones, lo que las hace impropias para desarrollar cualquier tipo de emprendimientos. Por otra parte, esas tierras se encuentran a unos 70 kilómetros del casco urbano, lo que implicaría que los habitantes de Casado tengan que dejar el territorio en que vivieron y se arraigaron a lo largo de más de 100 años. En otras palabras, significaría empezar todo de nuevo.

Maldonado agregó además, que la Junta Municipal local promulgó (en unanimidad) una ley en la cual manifiesta su rechazo a acatar una nueva ley de donación promulgada en el Parlamento.

La última bofetada al pueblo casadeño

Los Senadores Juan Manuel Marcos, Alfredo Luis Jaeggli (ambos del PLRA) y Ronaldo Dietze (PPQ) presentaron un anteproyecto de ley que deroga la ya promulgada en el 2005 y acepta a cambio una donación de 30.000 hectáreas, que fue votado en la cámara alta del Parlamento el pasado 17 de mayo. El proyecto fue aprobado con 23 votos a favor, en su mayoría de los senadores opositores.

Este hecho fue una verdadera bofetada al pueblo casadeño que, tras organización y múltiples movilizaciones, logró la promulgación de la ley de expropiación del 2005 y hoy, tras manipulaciones y burlas a las necesidades de ese pueblo, ve truncado ese proyecto.

Lo irónico del caso es que los promotores de este proyecto de anulación de la expropiación (y que le dieron mayoría en el parlamento), son los principales partidos de la Concertación Nacional, desde la cuál hablan del cambio, de la necesidad de un país diferente. ¿De qué cambio están hablando? Al parecer de un Estado que defienda aún más los intereses de los grupos oligárquicos y de las empresas multinacionales en detrimento de los sectores populares siempre excluidos en nuestro país.

Los pasos siguientes

El proyecto de anulación de la expropiación deberá ser tratado en la Cámara de Diputados antes de que transcurran los 90 días desde su tratamiento en el Senado. Es por esto que el pueblo casadeño, que no parará en su lucha por el derecho a la tierra, necesita hoy del apoyo y la solidaridad de todos los sectores populares organizados.

Todos aquellos que soñamos con un Paraguay diferente, debemos tener en claro que permitiendo abusos y manipulaciones de este tipo, sólo estaremos contribuyendo a fortalecer el país del hambre y la miseria, de la exclusión y la pobreza, en fin, el país de los que siempre se han beneficiado con el sufrimiento de todos nosotros. Es por eso que hoy debemos decir: ¡Somos todos casadeños!

¿Qué es y que hace la Secta Moon?

La Secta es una mafia financiero-teológica fundada a mediados del siglo XX por Young Myung Mun (autoproclamado Reverendo Moon), un monje de Corea del Sur, radicado en Estados Unidos a partir de 1971.

La Secta posee más de 100 empresas en todo el mundo, dueña del Wahington Times, el News World y Tiempos del Mundo. Entre otras cosas, sostuvo a la mayoría de las dictaduras latinoamericanas y en Paraguay, muy cercano al dictador Stroessner, financió al GAA (Grupo de Acción Anticomunista).

La Secta además está haciendo fuertes inversiones en Uruguay, Brasil y Argentina en todo lo que tiene que ver con bancos, universidades y, por supuesto, en la compra y explotación de tierras productivas. Posee mucho interés en el Acuífero Guaraní (la cuenca subterránea de agua dulce más grande del planeta), el proyecto de la Hidrovía (que conectaría los ríos Paraguay, Paraná y Río de La Plata) y la ruta Bioceánica. Precisamente, Puerto Casado se encuentra en el empalme entre la ruta brasilera que cruzaría el río Paraguay y atravesaría Bolivia para llegar hasta el Pacífico. Además, éste sería un proyecto decisivo en cuanto al envío de soja al Pacífico, teniendo en cuenta que Paraguay se está transformando en uno de los principales productores de soja.

Fuente: http://www.prensarural.org/paraguay20050805.htm