La seguridad privada, entre lo dicho y lo hecho

La situación de los trabajadores de la industria de la seguridad privada en Paraguay es algo casi desconocido para la gran mayoría de nosotros y, en muchos casos, nuestra visión sobre la misma está guiada por prejuicios tales como “los guardias de seguridad privada son como los policías, pero mejor pagados”.

Ante estas opiniones y a partir de un trabajo de investigación realizado este año sobre la situación de la industria de la seguridad privada en nuestro país hemos tenido acceso a informaciones que refutan los prejuicios y nos demuestran, una vez más, que no todo es lo que parece.

En Paraguay existen alrededor de 115 empresas registradas que trabajan en este sector y aglutinan a unos 16.000 trabajadores aproximadamente, además de las empresas que desempeñan su labor de manera clandestina y de las cuales no se tiene registro en el Ministerio de Justicia y Trabajo, por obvias razones.

Debido a la inexistencia de una ley que regule el funcionamiento de estas empresas, y aunque está en proceso de estudio un proyecto de ley en la Cámara de Diputados, la regulación de las mismas está a cargo de la División de Fiscalización de Empresas de Seguridad Privada dependiente de la Policía Nacional. Así también, la normativa laboral aplicada a los trabajadores de este sector, es aquella prevista por el Código Laboral. Pero como dicen por ahí, “del dicho al hecho, hay mucho trecho”.

La situación real de los trabajadores de este sector está muy lejos de los marcos legales. La jornada laboral, diurna y nocturna, casi siempre, es de 12 horas sin derecho al descanso y sin el pago de las 4 horas extras, ya que las primeras 8 horas corresponden a lo que dicta la ley. Los salarios no llegan al mínimo legal (1.219.795 Gs.) sino que rondan los 900.000 Gs., de los cuales se les descuenta una buena cantidad por motivos como tomar tereré en horario de trabajo, conversar con alguien en el puesto de trabajo y cosas por el estilo. De esta manera, los trabajadores reciben a fin de mes mucho menos.

Las condiciones en los lugares de trabajo son, a excepción de aquellos guardias que trabajan para bancos, cooperativas, financieras y ese tipo de empresas, muy precarias: no tienen sillas donde sentarse y pasan las 12 horas (de día o de noche) parados; no cuentan con una caseta donde resguardarse de la lluvia o del sol radiante; no tienen acceso a baño y deben hacer sus necesidades detrás de un árbol cuando ya es insoportable la situación; no acceden a agua para beber; muchas veces están las 12 horas sin alimentarse porque la empresa no les envía un relevo o algo para comer. En fin, ni la empresa de seguridad privada, ni el cliente que los contrata muestra algún tipo de preocupación.

En cuanto a la sindicalización en estas empresas, por el hecho que sus dueños son, generalmente, ex policías, ex militares y políticos de los partidos del orden, además de las multinacionales, existe un rechazo a la formación de sindicatos y el manejo de las mismas está marcado por relaciones militaristas al punto tal que los trabajadores son humillados con los conocidos “descuereos” en el local de la empresa.
Muchos trabajadores que están en el sindicato son trasladados a los peores puestos de trabajo, son relevados de sus puestos sin motivos, como es el caso de Mario Acosta, Srio. Gral. Adjunto del Sindicato de Trabajadores de la Empresa Wackenhut, que desde el pasado 10 de mayo está en esa situación sin percibir su salario y por lo cual se ha convocado dos veces a una reunión tripartita (Sindicato, Empresa y MJT) donde la empresa no se ha hecho presente. Además, se les niega el permiso sindical y en muchos casos llegan al punto de despedir a los trabajadores que intentan organizar el sindicato.

Debido a esta situación, hoy en día se cuenta solamente con 3 sindicatos en el sector de la seguridad privada.

La explotación de los trabajadores en este sector llega a tal punto que el pasado 6 de mayo, Rubén Giménez León, de 25 años, guardia de seguridad de la empresa Doram se quitó la vida cansado de los maltratos y la falta de pago por parte de la empresa.
Ante la explotación del capital, no se vislumbra otra salida que la organización de los trabajadores, quienes en el sector de la seguridad privada, a pesar de las persecuciones y represalias que sufren todos los días, mantienen la firme decisión de buscar juntos una vida digna.

Esso contra la estabilidad laboral

La estabilidad especial, que garantiza el Art. 94 del Código Laboral al trabajador/a que cumple diez años ininterrumpidos de servicio con un mismo empleador, corre grave peligro de ser eliminada.

La multinacional petrolera Exxon Mobil, Esso Standard del Paraguay, promovió un juicio por despido justificado en julio del 2001 contra el Ing. Eduardo Buongermini quién contaba con más de 10 años de antigüedad en la empresa.

El trabajador ganó el juicio en primera instancia y también la apelación. Tras estas dos instancias, la Esso presentó un recurso de inconstitucionalidad que volvió a perder. La petrolera continuó entonces con la estrategia de desgaste contra Buongermini, iniciando un juicio para impedir su reposición en el cargo utilizando el Art. 97 del Código Laboral, con lo cual debían probar en juicio que existía alguna incompatibilidad entre la Esso y Buongermini.

La Esso volvió a perder la primera instancia y la apelación; 5 jueces y 3 ministros de la Corte Suprema habían sentenciado de manera unánime a favor de los derechos del trabajador cumpliendo el Código Laboral; pero la multinacional que obtuvo más ganancias a nivel mundial en el 2005 no se iba a dejar vencer y encontró sus aliados perfectos en los ministros de la “renovada” Corte: Altamirano, Fretes y Núñez. Estos paladines de la “seguridad jurídica”, conformaron la Sala Constitucional que juzgó la acción presentada por la Esso buscando una vez más una sentencia a la medida.

Y como por arte de magia la Esso consiguió su tan soñada sentencia… Altamirano preopinó de forma alevosa que la incompatibilidad no necesita ser probada en juicio, y que tan sólo era necesario que una de las partes la planteara para terminar la relación laboral. Fretes y Nuñez se adhirieron a ese mamotreto y con esto la Esso, las cámaras empresariales y sus cabilderos, que no habían conseguido eliminar la estabilidad laboral en el Congreso, lo conseguían ahora en la Corte Suprema de Injusticia. Cabe destacar que el fiscal que analizó esta última acción de inconstitucionalidad dictaminó que el pedido debía ser rechazado por improcedente y que además recomendó sancionar a la Esso por “ejercicio abusivo del derecho”.

La Coordinadora de Centrales Sindicales juntamente con la Federación de Trabajadores Bancarios (FETRABAN) y el Sindicato de Periodistas del Paraguay (SPP) se adhirieron entonces a la denuncia presentada por Buongermini contra el estado paraguayo ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. A partir de esa primera acción impulsaron luego la presentación del pedido de juicio político contra Altamirano, Fretes y Nuñez en la Cámara de Diputados.

Tras lograr que el juicio político sea presentado por diputados de la oposición, las organizaciones sindicales conformaron la Coordinadora por la Estabilidad Laboral a la que se sumaron la Federación de Trabajadores del Sector de la Energía del Paraguay (FETRASEP), el Sindicato de Obreros Marítimos, el P-MAS y otras organizaciones sociales. La Coordinadora realizó una protesta contra los Ministros de la Corte el 9 de febrero, frente al Palacio de Justicia. El 13 de abril pasado hicieron un escrache contra Altamirano en su domicilio y el 24 de abril una protesta y pintata frente a la Central de la Esso.

Con un plan de lucha, la Coordinadora busca organizar a los trabajadores y al mismo tiempo denunciar ante la opinión pública la descarada complicidad de la Corte con multinacionales y empresarios nacionales quienes echan mano de todo tipo de recursos para precarizar aún más las condiciones laborales de los trabajadores/as paraguayos/as. La sentencia puede ser revertida en la nueva instancia laboral que la está juzgando, de allí la importancia de llevar adelante acciones coordinadas como las ya realizadas.

El P-MAS se suma a la lucha de los trabajadores por la defensa de sus derechos que constantemente son pisoteados por las patronales y sus capataces de turno.